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Hace casi dos meses, Brasil acogía la
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Rio de
Janeiro. Decepción en el mundo, Rio+20 resultó en un documento sin
ambición. La Cumbre de la Tierra hace 20 años ya está lejos. Los financiamientos
se desbloquean difícilmente, ningún país impuso su liderazgo para negociar un
acuerdo para enfrentar los desafíos. Europa está sumida en la crisis de la
eurozona, incapaz de influir en las negociaciones.

Sin embargo,
Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil, en aquel momento a la tribuna,
declaró: “Estamos reunidos en Rio de Janeiro para realizar
progresos ambiciosos, para dar pruebas de valor, para asumir responsabilidades.
Estamos aquí porque el mundo exige un cambio.” Lindas palabras pero actos
en contradicción con esas,  porque desde hace varios meses en Brasil, en el
Estado del Para, en la Amazonia profunda, y por lo tanto lejos del
centro de atención, tiene lugar una guerra.  Lo que está en juego es la
destrucción de espacios de selvas y de ríos todavía vírgenes y la pérdida de los
derechos a la tierra de sus guardianes, los pueblos indígenas quienes están
viviendo allá. Fue la propia Presidenta de Brasil quién declaró esa
guerra a las poblaciones indígenas de Xingú, imponiendo por la fuerza la
construcción de la mega represa hidroeléctrica de Belo Monte, un inmenso
complejo de presas. De construirse, sería la tercera más grande del mundo.

Belo Monte es el Caballo de Troya de una explotación
irresponsable de la selva amazónica cuyo papel ecológico y climático es
mayor para la Humanidad entera. Para desarrollar su potencial energético y
confirmar su lugar en el círculo privado de las grandes potencias mundiales,
Brasil decidió construir hasta 60 represas sobre los afluentes amazónicos, cuya
ambición – según dicen- es aprovisionar en electricidad a las grandes ciudades
del sur del país, pero, en los hechos,  principalmente a yacimientos mineros
considerables.

En esta carrera desenfrenada, Belo Monte, escaparate de
la administración Rousseff, parece ser la solución ideal ya que está
supuesto–según nos dicen-  producir una energía “limpia”. La realidad es
totalmente distinta: su construcción, iniciada desde hace un año, se
tragaría finalmente más de 668 km² entre los cuales 400 km² de, bosque
primario generando así enormes cantidades de metano (un gas de efecto
invernadero  por lo menos 25 veces más contaminante que el dióxido de carbono).
Se desplazarían a más de 20 000 personas y por lo menos 24 pueblos
indígenas verían su forma de vivir destrozada a causa de la rarefacción de los
recursos alimenticios: un etnocidio a corto plazo.

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Brasil se ha comprometido desde 1988 a reconocer los territorios
indios, demarcarlos y protegerlos. Fue ayudado en esto por los países
del G-7, a través del más ambicioso programa internacional de protección del
medio ambiente jamás concebido, el PPG7, lanzado oficialmente en la Cumbre de la
Tierra celebrada en Río en 1992. El país también se ha comprometido
frente a la Comunidad internacional con consultar esas poblaciones cuando
podrían verse afectadas por proyectos en sus tierras. Pero el complejo
de represas de Belo Monte puso en tela de juicio todos estos principios
establecidos: los pueblos indígenas no fueron consultados antes del inicio de
las obras.  Estas afirmaciones de hecho son hoy en día reconocidas y criticadas
por las Naciones Unidas quienes  llamaron la atención a Brasil desde 2009. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del
Trabajo, la Corte Federal brasileña ya han pedido todos al Brasil de cambiar de
actitud y  respetar sus compromisos, particularmente él de consultar previamente
a las poblaciones indígenas. En respuesta,  Brasil practica la política
de la silla vacía, cuando se le convoca a Washington, repatría a su embajador y
nombra a los jueces ordenados para cancelar cualquier conclusión contraria a sus
intereses.

Mientras tanto, la deforestación hace estragos a fin
de dar paso a una agricultura extensiva ecológicamente desastrosa que despoja a
los pueblos indígenas de los derechos territoriales y pone literalmente en
peligro su forma de vida ancestral.

Esperanza. 14 de Agosto de
2012, una decisión histórica del tribunal federal regional de la
primera región, adoptada por unanimidad por los jueces presentes,
invalida la licencia de las represas hidroeléctricas de Belo Monte y
Tele Pires. Se declara ilegal la autorización de construir dada por el
Congreso Nacional. La razón es que no se consultó previamente el proyecto con
las poblaciones indígenas afectadas.  Ordenaron la detención de las obras el
mismo día, so pena de una multa de 200 000 euros por día. La justicia, garante
de la democracia, triunfó. La noticia da la vuelta al mundo y las ONG anuncian
el acontecimiento con la prudencia de rigor. En el pasado, la administración
Rousseff ya ha forzado todas las cerraduras constitucionales y jurídicas
destinadas a impedir el proyecto. ¿Van a ser las cosas diferentes hoy, después
del discurso de Rio+20? mientras que la Copa del Mundo de Fútbol y los Juegos
Olímpicos de Rio se perfilan y ahora que la movilización contra Belo Monte se ha
universalizado?

Rabia. El 28 de Agosto de 2012, los
resistentes reciben la confirmación de que no pueden esperar nada más de la
justicia de su país, que no se les permite  sentirse a la vez indígena y
plenamente brasileño en un país que, después una larga experiencia
militar, inaugura una nueva forma de dictadura, hábilmente disfrazada con sus
adornos de potencia económica emergente. En efecto, el Presidente de la Corte
Suprema Ayres Britto acaba de autorizar la reanudación de la construcción de
Belo Monte y, por lo tanto, suspender la decisión del 13 de agosto, sin
ninguna encuesta anterior y a petición del gobierno brasileño. Cumplida en la
noche del 23 de agosto, la parálisis  de la obra, después de meses de
batallas jurídicas, habrá resistido cuatro días de los cuales dos
laborables si tomamos en cuenta el fin de semana. ¿Todo eso para eso?
El 4 de septiembre, le toca al Ministerio Público Federal pedir al Presidente de
la Corte Suprema que reconsidere su decisión. El Procurador General de la
República, Roberto Gurgel, y la Vice-Procuradora General, Deborah Duprah
recuerdan que el Congreso Nacional habría tenido que consultar a los Indígenas
antes del lanzamiento de las obras de Belo Monte. ¿Se les va a
escuchar?

Peor todavía, una información desconcertante arma una vez más
una gran confusión y hace todavía más sospechosa la determinación de Estado
brasileño: Belo Sun Mining Corporation, empresa canadiense, está al
punto de explotar a 15 km del complejo de represas de Belo Monte un yacimiento
de oro nuevamente descubierto. El informe del impacto sobre el medio
ambiente del proyecto nos informa que el más gran proyecto de explotación de oro
en Brasil estará aprovisionado por… Belo Monte!  ¿Tiene realmente la central
hidroeléctrica como objetivo  aprovisionar las ciudades del sur en energía? Es
difícil creerlo  cuando se estudia la dramática historia de la industrialización
de Amazonia durante los cuarentas últimos años.

Pueblos indígenas,
asociaciones y movimientos ecologistas o de protección de los derechos humanos:
todos denuncian una mascarada. La sociedad civil brasileña e internacional
(Movimiento Gota d’Agua, Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, Avaaz,
Amazon Watch, Planète Amazone…) manifestaron, presentaron una petición…
en vano. Pues, las obras empezaron de nuevo como si nada  y en la indiferencia
casi general. No obstante, ese acontecimiento es la señal de un vuelque
del  país hacia una forma de autoritarismo económico que hace pensar en
la Rusia de Putin o la China despertada de los principios del siglo XXI.

Los pueblos del mundo jugaban su futuro en Rio+20, los pueblos
indígenas juegan su vida en el Estado del Para. Como si la taza no
estuviera bastante llena, además de la denegación de justicia, se añade lo que
se puede calificar sin exageración de verdadera persecución por parte
del Brasil de Dilma Rousseff contra las poblaciones indígenas del país
que ella dirige. Este mes, el gobierno brasileño emitió la Ordenanza 303
la cuál prevé revisar a la baja, de acuerdo con el interés superior del Estado,
las demarcaciones de las tierras indígenas, obtenidas a fuerza de
grandes luchas, es decir dando prioridad a los proyectos industriales sobre el
derecho a la tierra de estos pueblos amenazados. Al mismo tiempo, Brasil quiere
reformar su código forestal bajo la influencia del lobby de los explotadores
forestales y cultivadores. Aunque la Presidenta Dilma Rousseff ya puso un veto
parcial, las modificaciones al Código Forestal de 1965 van a permitir la
apropiación de las tierras indígenas por cultivadores quienes, luego, podrán
revenderlas a grandes agroindustrias. Los autores de los asentamientos
ilegales en los territorios indígenas no serán expropiados sino amnistiados.
Una aspiración al aire para todos los que codician sus tierras. ¿Usted
dijo  “prueba de valor” y “asumir sus responsabilidades»?

La oposición a
la construcción del complejo de represas de Belo Monte no es una lucha entre
tantas otras. Por eso, los ciudadanos del mundo entero son cada día más
numerosos para expresar su indignación frente a la obstinación de la Presidenta
Dilma Rousseff por querer seguir a todo costo ese proyecto tan
criticado, cuyos perjuicios colaterales pesarán mucho sobre las generaciones
futuras. Belo Monte es un símbolo porque ataca el corazón de la selva
amazónica, el “pulmón verde” de nuestra planeta, defensa natural contra
el cambio climático, y a sus poblaciones las más emblemáticas, entre quienes el
pueblo del Cacique Kayapo Raoni, figura de proa de la lucha para la preservación
de la selva amazónica desde hace más de 40 años. Un símbolo, porque
Dilma Rousseff intenta imponerlo en un momento cuando la Humanidad se encuentra
en la encrucijada, cuando ya sabemos que la destrucción del medio
ambiente y de los ecosistemas indispensables a la vida es un camino suicida para
nuestra especie. Un símbolo, porque pone brutalmente en confrontación
dos modelos de desarrollo: él de nuestra civilización y él de los
pueblos primeros, mientras que una cohabitación inteligente y provechosa para
todos es opcional. El proyecto Belo Monte plantea una cuestión crucial:
cuál puede todavía ser el lugar de la Naturaleza y de la vida en el
esquema económico y de sociedad del Hombre del siglo
XXI?

Los países desarrollados son cómplices de esta
marcha atrás del derecho en Brasil. Participamos activamente a la
violación de los derechos humanos en este país dejando que empresas
europeas firmen contratos en el Estado brasileño. Hoy en día,
Alstom, GDF Suez, Voith-Siemens y Andritz están asociados en
proyectos de represas en Amazonia, entre los cuales represas gigantes que no
pueden considerarse fuentes de energía verde. El Estado es algunas veces
accionista de esas empresas e invierte el dinero de nuestros impuestos en la
destrucción de la Amazonia y de sus pueblos. Ya no podemos callarnos y
esperar que el baile diplomático de la ONU haga su lento y precioso trabajo de
salvaguardia.

Pensamos que el gobierno francés tiene el deber de
condenar firmemente la actitud del Brasil y de denunciar esta justicia
amordazada al servicio de una ganancia económica a corto
plazo.

Pensamos que gobierno francés tiene el deber de
no gastar los fondos públicos en proyectos que se mofan de los derechos humanos
y destruyen ecosistemas irreemplazables y vitales para nuestro futuro
común.

Hoy en día, más que nunca, el pueblo tiene que encargarse
de su destino. Nosotros, ciudadanos franceses, no debemos olvidar que
somos también ciudadanos europeos y ciudadanos del mundo; tenemos que estar
listos para boicotear empresas francesas, europeas y otras que se hacen
cómplices de tales maniobras. Como consumidores, tenemos por ejemplo la
posibilidad de hacer elecciones con respeto a nuestros proveedores de energía
doméstica, exigir una trazabilidad irreprochable para la madera que utilizamos,
para el soja, la carne, el cuero, el aluminio y el aceite de palma importados de
Amazonia que consumimos, a menudo sin saberlo nosotros (todos estos productos
constituyen los factores principales de la deforestación).

Porque
la Presidenta Dilma Rousseff está convirtiendo la democracia brasileña
en una dictadura económica que aplasta el Hombre y la Naturaleza;
algunos piden ya a los deportistas franceses de pensar en un boicot de la Copa
del Mundo de Futbol en 2014, y de los Juegos Olímpicos en 2016, ambos
planificados en Rio de Janeiro, si la sexta potencia del  planeta no cambió de
política hasta estos plazos. Nosotros pensamos en cualquier caso que hace falta
tomar medidas concretas desde ahora, en nuestra vida diaria, para acabar con
nuestra participación a esta muerte planificada de la Amazonia y de sus pueblos.

Para que los Indígenas del Brasil no se conviertan en los Tibetanos de
Amazonia, y el “Pulmón de la Tierra”, el cáncer de nuestra civilización.